El trabajo realizado desde hace años por empresas como Altertec Renovables que apostaron por un mundo con menos emisiones empieza ahora a reflejarse. Datos como los publicados por Red Eléctrica de España (REE) muestran que las renovables empiezan a ser protagonistas energéticas. Según el informe ‘El Sistema Eléctrico Español 2019’, del total de la potencia instalada nacional, el 50,1% corresponde a instalaciones de energía renovable, superando por primera vez desde que existen registros estadísticos a las tecnologías no renovables. En total, la capacidad instalada del parque generador del sistema peninsular llegó a los 104.950MW, un 6,4% más que con respecto a 2018, un crecimiento que rompió con cinco años consecutivos de descensos.
El sector eólico ha remontado el vuelo en el último año. Ha recuperado la dinámica instaladora de la primera década del siglo XXI. Este cambio plantea un escenario optimista para los próximos diez años. Así lo destaca la Asociación Empresarial Eólica (AEE), en el ‘Anuario Eólico 2020’, con el que colabora Altertec Renovables. El documento recoge la cifra de instalación en 2.243 MW eólicos y sitúa la potencia total instalada en 25.704 MW a 31 de diciembre de 2019, dato que coloca a España como el segundo país europeo que más potencia eólica ha instalado este año y líder en potencia terrestre, con el 15% del total instalado.
Las renovables contribuyeron a reducir las emisiones de la generación eléctrica en casi una cuarta parte. El sistema de generación eléctrico redujo un 23% las emisiones de CO2 el año pasado. Las emisiones cayeron hasta 50.000 ktn de CO2, y ello con un precio del CO2, en ascenso, que se acercó a los 25 euros/Tn. Esta tendencia está en línea con la reducción de emisiones desde el año 2005, cuando se implantó el mercado de derechos de emisión. Desde entonces, las emisiones de la generación eléctrica se han reducido casi un 50% en España. Así consta en la publicación ‘El sector eléctrico español en números. Informe 2019’, elaborada por Fundación Naturgy y presentada por el economista especializado en mercados de energía Miguel Ángel Lasheras.
Las tecnologías de la información y la comunicación han dado el do de pecho en la respuesta a la COVID-19. La crisis ha acelerado la digitalización de negocios y servicios, y ha obligado al teletrabajo y a emplearla para el acceso a la sanidad, la educación y los bienes y servicios esenciales. Por ello, nunca más que antes es necesario reducir la brecha digital para los 3.600 millones de personas que aún no tienen conexión a internet, reclama la Organización Mundial de Naciones Unidas (ONU). Según la organización no gubernamental, una vez que la fase aguda de la crisis de la COVID-19 se termine, los gobiernos deberán invertir en infraestructura más que nunca con el fin de acelerar la recuperación económica, crear empleo, reducir la pobreza y estimular la inversión productiva.
La transición energética promete nuevos modelos de desarrollo económico y un futuro energético sostenible. El beneficio será triple: empleo, salud y medio ambiente, así como grandes mejoras del bienestar humano, en todas las regiones del mundo. Las inversiones para acometer la transición supondría aumentar los empleos en 42 millones de personas a escala mundial de aquí a 2050, cuatro veces más que en la actualidad. Los empleos en el sector de la energía en general alcanzarían los 100 millones en 2050, unos 40 millones más, mientras que generaría 7 millones de empleos nuevos en todos los sectores de la economía.
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