El Gobierno central ha aprobado el Real-Decreto ley que facilitará instalar 60.000 MW de potencia renovable en diez años. Estiman que este impulso atraiga inversiones por más de 90.000 millones de euros, y que genere entre 107.000 y 135.000 empleos netos al año. Para lograrlo, el Ejecutivo regula las subastas y aporta garantías para los proyectos renovables firmes. El objetivo es ordenar los permisos por su viabilidad y solidez para favorecer el despliegue de energías limpias y evitar la especulación. Así se permitirá que el 74% de la electricidad en España sea renovable en 2030 y alcanzar el cien por cien antes de 2050.

La normativa introduce un nuevo sistema de subastas de renovables que ofrezca estabilidad de ingresos y financiación a los inversores de las nuevas plantas renovables, y por otro, traslade a los consumidores de forma directa los ahorros asociados a la incorporación de renovables en el sistema eléctrico, dado que se trata de la fuente de generación de energía más barata. El Gobierno también simplifica y agiliza la tramitación de los proyectos renovables y la infraestructura eléctrica asociada. El Real-Decreto incorpora nuevos modelos de negocio, claves en la transición energética: almacenamiento, hibridación y el agregador independiente.

Con el objeto de facilitar la expansión del vehículo eléctrico, la normativa otorga la declaración de utilidad pública a las infraestructuras eléctricas asociadas a los puntos de recarga de alta capacidad con potencia superior a 250 KW, fundamentales para permitir que se abran estaciones de recarga ultra-rápida en carreteras, autovías y autopistas, y así aumentar las posibilidades de la movilidad eléctrica.