El Consejo de Ministros del pasado 7 de julio acordó la puesta en marcha de una Comisión de Expertos con el propósito de elaborar un informe que sirva como hoja de ruta ante la obligada transición energética de España. Tras unos meses de trabajo, la comisión ha puesto encima de la mesa un documento que deja mucho que desear para el sector de las renovables. La Asociación Empresarial Eólica (Aee) considera que los expertos no valoran el potencial de la energía eólica. A pesar de que recoge recomendaciones aportadas por el sector y es un “paso adelante” sobre cómo hacer la transición energética, la agrupación transmite en un comunicado que el informe no apuesta por un escenario concreto como propuesta de mix energético futuro. La Aee critica, además, que el trabajo no refleja la actualidad de la tecnología eólica en lo referente a costes y hora de producción. Como muestra, en las subastas de nueva potencia renovable adjudicadas el año pasado, el CAPEX inicial era de 1,2m euros el megavatio, un 7,7% menos que en el informe.

Para la asociación, hubiera sido deseable que la comisión tuviera en consideración la repotenciación del parque eólico español. En 2030, el 50% del parque tendrá más de 25 años. La repotenciación implica que con menos aerogeneradores se logra más producción de energía (en algunos casos hasta duplicar) y la eficiencia será mayor. Todo ello redunda en un mayor cumplimiento de los objetivos que se aprueben para 2030. Si hay una mayor aportación de energía eólica, es posible alcanzar objetivos más ambiciosos de la aportación de renovables en el mix por encima del 27% de energía final. Una mayor generación renovable supone menores vertidos, más exportaciones de electricidad vía interconexiones, ahorro en el coste total de la electricidad y mayor reducción de las emisiones de CO2. No todo en el informe es desechable. La patronal eólica valora que los expertos contemplen un incremento sustancial de la generación renovable en el sistema en los próximo años, se apueste por una reforma de la fiscalidad, una gobernanza independiente y una reducción de los extracostes de la tarifa eléctrica, todo ello respaldado por un aumento sustancial en la electrificación dela economía.