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Oct

Si sopla el viento baja tu recibo de la luz

La energía eólica es clave para bajar el precio de la electricidad. Según datos de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), la generación eólica ha supuesto un beneficio para los consumidores españoles, sobre todo para los consumidores industriales. Para un consumidor medio con Tarifa AT1 y un consumo de 1.500 MWh anuales, el ahorro a lo largo de 2020 ha sido de 7.886 € (descontados los incentivos a la eólica incluidos en su factura eléctrica). Es decir, si no se hubiesen puesto en marcha los 27.446 MW eólicos existentes, la electricidad le habría costado 7.886 € más al año. En total, la eólica generó un ahorro neto (una vez descontados los incentivos) a los consumidores eléctricos de 71 millones de euros.

Nov

El reto: contaminación cero

La contaminación en el aire es un problema no sólo medioambiental sino también sanitario. Casi todos los europeos continúan sufriendo los efectos de la contaminación atmosférica, que provoca unas 400.000 muertes prematuras en el continente. Como contrapartida a estas cifras demoledoras algo de esperanza. Esta misma semana la Agencia Europea del Medio Ambiente (AEMA) apunta a que existe una “notable mejora de la calidad en el aire en Europa en la última década y menos muertes vinculadas a la contaminación” en su informe ‘La calidad del aire en Europa’.

Jun

Los expertos urgen a acelerar la transición energética

Los expertos urgen a España a tomar medidas que aceleren y consoliden la transición energética. España mejoró de forma ligera su índice de descarbonización el pasado año gracias a que fue un buen año hidrológico, pero no deja de ser una circunstancia coyuntural. Así necesita apostar con rapidez por medidas concretas que propicien la descarbonización de la economía. Estas son algunas de la conclusiones extraídas del ‘Barómetro de Transición Energética’ del Centro de Investigación ‘Economics for Energy’ , organización privada especializada en el análisis económico de las cuestiones energéticas.

El barómetro que evalúa el avance de la transición energética en España pone de relieve que a pesar de la reducción del gasto en energía, ha empeorado la seguridad del suministro aunque como contrapunto, refleja, continúa la tendencia a la baja en el coste de las reservas para integrar energías renovables, según explicaron los directores del centro, Pedro Linares y Xabier Labandeira, durante la presentación del trabajo.

Ambos expertos llamaron la atención también sobre que la intensidad energética es mayor en España que en Europa, hecho que origina que el gasto español, a pesar de haberse contenido, continúe por encima de los niveles de la UE. En cuanto al informe, Linares señala, recoge Efe, España redujo seis puntos porcentuales en emisiones de gases de efecto invernadero, ya que se ha pasado de un incremento del 21 % en 2017 respecto a los niveles establecidos en 1990, a un alza del 15,4 % en 2018.

En relación a 2005, la reducción pasó del 21% de 2017, al 24% en 2018 y refleja que el principal factor asociado a esta reducción fue el mayor aporte de la energía hidráulica, aunque las emisiones siguen siendo algo superiores a las de 2016.

Centro de Investigación ‘Economics for Energy’

En este aspecto el informe concluye que las cifras de reducción de emisiones se encuentran todavía alejadas de los objetivos planteados por la Unión Europea para España o de los que propone el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima.

Ante los resultados, los directores del barómetro insistieron en la necesidad de que España acelere su ritmo de transición hacia un modelo energético sostenible marcado por un avance en la integración de las energías limpias a costes razonables y por el aprovechamiento del elevado potencial de ahorro energético, en vista de la lentitud en los avances registrados durante los últimos años.

Dic

La fuerza del viento en la transición energética

Decimos adiós a un año donde los países han tomado conciencia de que el cambio climático es irrefutable. Este mismo año, los expertos de la ONU alertaron sobre la necesidad de adoptar medidas para frenar sus consecuencias. Los científicos destacaron que es posible limitar el aumento de la temperatura a 1,5 grados centígrados en vez de 2 pero “sólo con cambios rápidos, de amplio alcance y sin precedentes”. En su informe, presentado el pasado lunes 8 de octubre por el Grupo Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático (IPCC), los científicos revelan que para permanecer en una variación de 1,5ºC máximo se debe invertir la evolución de las emisiones de CO2 antes de 2030 y llegar a 2050 a una “neutralidad del carbono”: no emitir más CO2 de lo que se puede retirar. Sostienen que es necesario reducir el consumo de carbón a dos tercios en 2030, a cero en 2050, y el uso del petróleo a la mitad y el gas a un tercio. El objetivo final: Evitar impactos catastróficos en la vida de las personas y el medio ambiente.

Las consecuencias ya son evidentes. Problemas como la contaminación atmosférica suponen la muerte de casi 40.000 personas en España y más de medio millón en Europa. La evidencia ha supuesto que las empresas y las administraciones aceleren sus proyectos para afrontar la transición energética. Para frenar los efectos del cambio climático todos los países deberán acometer medidas en dirección a la electrificación cuyas fuentes deberán provenir de energías renovables. En España, la nueva ministra en el ramo, Teresa Ribera, ya ha ejecutado iniciativas como la derogación del “impuesto al sol”. En su cartera, la aprobación de la Ley de Transición Energética. La normativa contemplará medidas como la creación de un sistema renovable cien por cien eléctrico y la prohibición de la circulación de vehículos de gasolina, diésel o híbridos en 2050. Diez años antes, en 2040, se prohibirá su venta, y se terminará con las ayudas a energías fósiles. Para dejar atrás a combustibles como el petróleo o el carbón, las energías renovables serán fundamentales. Dentro del mapa de energías sostenibles, la energía eólica será clave. La fuerza del viento dejará atrás al carbón, a las nucleares y al gas natural de 2030. Este sector se convertirá en la energía más grande de la UE antes de una década, según la Agencia Internacional de la Energía.

Nov

Renovables, decisivas en la Ley de Transición Ecológica

Esta semana los medios de comunicación adelantaron las claves del proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica que ultima el Gobierno central. El Ejecutivo nacional prepara una batería de medidas que miran hacia las renovables como llave para cumplir con el compromiso adquirido en el Acuerdo de París. Como horizonte temporal dos fechas clave: 2030 y 2050. Entre las actuaciones que contemplará la nueva normativa, figura la creación de un sistema renovable cien por cien eléctrico en 2050. También en esa fecha, el Ministerio de Transición Ecológica quiere prohibir la circulación de vehículos de gasolina, diésel o híbridos, y diez años antes su venta.

Más allá de 2040, además, quiere prohibir el fracking y se terminará también con las ayudas económicas a energías fósiles. Muchas antes, en 2023, la regulación obligará a los municipios de más de 50.000 habitantes contar con bajas emisiones. En las ciudades, además, se fomentará la renovación de edificios para lograr un nivel alto residencias eficientes y descarbonizados en 2050. Con estas medidas, el Gobierno prevé que las emisiones deberán reducirse un 90% respecto a los niveles de 1990, recoge ‘La Razón’.

Una de las actuaciones que ha levantado más ampollas en los sectores afectados es el de las gasolineras. El Ejecutivo quiere un reconversión total y obligará al sector a poner puntos de recarga eléctrica a las estaciones de servicio en función de sus ventas de carburante. El proyecto establece que las gasolineras que distribuyan más de cinco millones de litros al año disponen de un plazo de 27 meses para adaptarse al acuerdo y ofrecer un servicio de recarga rápida para vehículos eléctricos. En una primer momento se verían las gasolineras que vendan más de diez millones de litros al año. Tendrían nueve meses desde la aprobación de la normativa. Desde la puesta en marcha, este tipo de negocios tendrían un plazo máximo de 12 meses para activarlo, lo que obliga a los propietarios de las instalaciones a buscar fuentes de energía renovables propias o nuevos contratos con las eléctricas. En total, se verían afectadas en una primera fase 200 estaciones de servicio. En caso de no cumplir con la regulación, la ley recoge sanciones de hasta 30 millones de euros, apunta el diario ‘Público’.

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