La energía eólica es un canal de creación de empleo en el medio rural. Los parques eólicos se instalan en entornos rurales, pequeños municipios, y ello, propicia generación de puestos de trabajo cualificados y de calidad. Esta es una de las conclusiones del reciente estudio publicado por la patronal europea de la energía eólica WindEurope presentado en la última cumbre del sector en Ámsterdam. El documento realizado por la consultora Deloitte apunta que el sector emplea a 263.000 personas en Europa y contribuye con 36.000 millones de euros al Producto Interior Bruto (PIB) europeo, recoge Energías Renovables.
La Asociación Empresarial Eólica (AEE) ha realizado un análisis sobre los elementos necesarios para la transición energética destinado al sector eléctrico. En el documento, la patronal del sector eólico sostiene que la transición es una oportunidad para España, una palanca clave para fortalecer la seguridad energética de país de cara al exterior y una obligación, dice la AEE, de cara a generaciones futuras. Para la organización eólica, la transición energética deriva de una necesidad y obligación medioambiental: la descarbonización de la energía, para así eliminar emisiones de CO2 que causan el cambio climático. Por este motivo, la asociación sostiene que la transición energética en España tiene que ser, por un lado ambiciosa. El análisis apunta a la necesidad de alcanzar el 80% en 2030 y el cien por cien en 2040 de la descarbonización del sector eléctrico. De igual forma, el 35% de energía final debe ser renovable en 2030 y al menos el 85% de descarbonización de la economía para 2050. Por otro lado, debe ser ordenada y segura. Con hitos intermedios coherentes que permitan un esfuerzo lineal para conseguir el objetivo final. Además, debe asegurar el suministro energético que necesita la sociedad y salvaguardar las inversiones realizadas durante el proceso. También debe ser eficiente y sostenible económicamente con presupuestos de CO2, y económico, periódicos y equilibrados, basados en la planificación de las inversiones necesarias.
España se ha quedado fuera de la alianza mundial para eliminar el uso del carbón antes de 2030. Un total de 21 países han anunciado que dejarán de utilizarlo durante la cumbre del clima de Bonn que se ha celebrado esta semana en la ciudad alemana. Entre los países que pondrán fin al combustible fósil figuran las potencias mundiales como Reino Unido, Canadá, Dinamarca o Finlandia. La alianza espera contar con 50 miembros en la próxima cumbre climática de Naciones Unidas de 2018 que se celebrará en Katowice (Polonia).
Los españoles gastan una media de 67 euros en la factura de la luz los meses de mayor consumo. Los datos extraídos de una encuesta realizada por la web Ofertia.com, revela que nueve de cada diez españoles adoptan medidas para ahorrar en el consumo de energía y rebajar así el coste de sus facturas. Aún así, el 69% indica que tiene falta de información de cómo ahorrar y contribuir al desarrollo sostenible. El pasado 21 de octubre, celebramos el Día Mundial del Ahorro de Energía. Una efeméride que nos recuerda la necesidad global de poner en marcha en los hogares y empresas medidas para lograr una eficiencia energética y contribuir al sostenimiento del planeta. La responsabilidad individual será esencial si queremos frenar el cambio climático.
El Gobierno central aprobó el pasado 6 de octubre el Real Decreto que regula la aplicación del bono social de electricidad para familias vulnerables. El bono social es un descuento en la factura eléctrica de hasta el 50% con el fin de evitar que consumidores sin recursos se conviertan en «pobres energéticos». Los descuentos del bono social se aplican en función del nivel de ingresos. El Real Decreto que ha entrado en vigor el pasado 9 de octubre establece tres categorías de consumidores considerados vulnerables y fija los umbrales de renta para los diferentes descuentos en la factura de la luz. En el caso de un hogar unifamiliar, la renta que permite ser beneficiario del bono social y disfrutar de un descuento del 25% en la factura de la luz se sitúa en un poco menos de 11.300 euros al año, cuantía que se eleva a cerca de 19.000 euros, en el caso de dos hijos, recoge ‘El País’.
Ello supone 1,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) de 14 pagas en el caso de que no forme parte de una unidad familiar o no haya ninguna persona menor en la unidad familiar; 2 veces el IPREM de 14 pagas, en el caso de que haya una persona menor en la unidad familiar y 2,5 veces el IPREM de 14 pagas, en el caso de que haya dos personas menores en la unidad familiar. Los multiplicadores de renta respecto al IPREM de 14 pagas se incrementarán en 0,5 si se dan las siguientes circunstancias: Que la persona consumidora o alguna de las personas de la unidad familiar tenga discapacidad reconocida igual o superior al 33%, que acredite situación de violencia de género o que la persona consumidora o alguna persona de la unidad familiar tenga condición de víctima del terrorismo.
El Ejecutivo central introduce la figura de «vulnerables severos». Éstos podrán optar a un descuento del 40% y su renta familiar deberá ser inferior a la mitad de la de umbrales establecidos para los vulnerables. También establece la categoría de consumidores en riesgo de exclusión social con rentas por debajo del umbral de severos. Estas personas serán atendidos por los servicios sociales de su autonomía y ella les pagará el menos el 50% del importe de su factura. A parte de abonar la mitad de sus recibos, tampoco se les podrá cortar la luz en caso de impago y para ello la nueva regulación establece un mecanismo para que la eléctrica asuma la otra mitad de la factura.
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