El Gobierno central aprobó el pasado 6 de octubre el Real Decreto que regula la aplicación del bono social de electricidad para familias vulnerables. El bono social es un descuento en la factura eléctrica de hasta el 50% con el fin de evitar que consumidores sin recursos se conviertan en «pobres energéticos». Los descuentos del bono social se aplican en función del nivel de ingresos. El Real Decreto que ha entrado en vigor el pasado 9 de octubre establece tres categorías de consumidores considerados vulnerables y fija los umbrales de renta para los diferentes descuentos en la factura de la luz. En el caso de un hogar unifamiliar, la renta que permite ser beneficiario del bono social y disfrutar de un descuento del 25% en la factura de la luz se sitúa en un poco menos de 11.300 euros al año, cuantía que se eleva a cerca de 19.000 euros, en el caso de dos hijos, recoge ‘El País’.

Ello supone 1,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) de 14 pagas en el caso de que no forme parte de una unidad familiar o no haya ninguna persona menor en la unidad familiar; 2 veces el IPREM de 14 pagas, en el caso de que haya una persona menor en la unidad familiar y 2,5 veces el IPREM de 14 pagas, en el caso de que haya dos personas menores en la unidad familiar. Los multiplicadores de renta respecto al IPREM de 14 pagas se incrementarán en 0,5 si se dan las siguientes circunstancias: Que la persona consumidora o alguna de las personas de la unidad familiar tenga discapacidad reconocida igual o superior al 33%, que acredite situación de violencia de género o que la persona consumidora o alguna persona de la unidad familiar tenga condición de víctima del terrorismo.

El Ejecutivo central introduce la figura de «vulnerables severos». Éstos podrán optar a un descuento del 40% y su renta familiar deberá ser inferior a la mitad de la de umbrales establecidos para los vulnerables. También establece la categoría de consumidores en riesgo de exclusión social con rentas por debajo del umbral de severos. Estas personas serán atendidos por los servicios sociales de su autonomía y ella les pagará el menos el 50% del importe de su factura. A parte de abonar la mitad de sus recibos, tampoco se les podrá cortar la luz en caso de impago y para ello la nueva regulación establece un mecanismo para que la eléctrica asuma la otra mitad de la factura.