El otoño lleva consigo una reducción de la luz solar y este año además, conllevará, una nueva subida del recibo de la luz. El verano ha dicho adiós y con él, el paréntesis bajista de julio y agosto. Según datos del Grupo ASE, la luz ha subido en los 20 primeros días de septiembre 0,5 euros en el mercado diario, en términos porcentuales supone un 1% y ya se sitúa en los 48,06 euros/MWh (datos de esta misma semana). ASE especializada en asesoría energética de empresas señala en un comunicado que recoge Ambientum  que la demanda eléctrica sigue en ligero ascenso, tanto por la climatología como por la ligera recuperación económica que se refleja en el gasto de electricidad en la industria. A pesar de la subida otoñal, el precio sigue por debajo de la previsión que había en el inicio de trimestre y cerrará por debajo de ella.

Hay diferentes factores que han influido en el alza del precio de la luz. Algunos se deben al precio de las materias primas como el gas y el carbón con lo que se ha generado un incremento de precio en la producción de la electricidad, también como consecuencia de la escasa producción hidráulica que ha dejado en una media del 60% la capacidad de los pantanos. Ello se une al temor de que se repita la situación del invierno pasado lo que ha provocado que haya tensión en los mercados. La dependencia de los combustibles fósiles es un lastre para el mercado de la luz. Las energías renovables son una solución a este tipo de fluctuaciones y supone una bajada en el recibo de la luz.

Las familias volverán a perder poder adquisitivo con esta nueva subida y muchas entrarán a formar parte de los hogares que no pueden calentar su vivienda, «pobres energéticos». Esta misma semana, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha adelantado en Santander que en breve el Consejo de Ministros aprobará el bono social eléctrico tras contar con el informe favorable del Consejo de Estado y la Comisión Europea. Esperemos que el bono social eléctrico llegue realmente a las familias que lo necesiten y no tengan que enfrentarse a trabas administrativas que limiten el número de beneficiarios como alertaron los expertos.