El Gobierno central aprobó ayer el anteproyecto de Ley de Residuos y Suelos contaminados con el fin de impulsar una economía circular y baja en carbono en España. Entre las novedades que incluye la futura normativa, el Ejecutivo propone un impuesto para los plásticos de un solo uso y la restricción en el mercado de algunos de ellos. Este nuevo impuesto responde a las recomendaciones realizadas por la Comisión Europea. El impuesto especial a los envases de plástico no reutilizable será de carácter indirecto y recaerá sobre la fabricación, importación o adquisición intracomunitaria de envases de plástico no reutilizables que vayan a ser objeto de utilización en el mercado español.
Querido Reyes Magos:
Nos gustaría que el próximo año los países tomasen conciencia de la importancia de implementar medidas para frenar el cambio climático. Dejar un planeta sostenible a nuestros hijos y nietos no es imposible, pero si no se toman medidas, ese legado no existirá. Por ello, nos gustaría que los gobiernos cumpliesen los acuerdos a los que se comprometen, vinculantes o no, como el Acuerdo de París. En sus manos está, el desarrollo de normas que faciliten objetivos como limitar el aumento de la temperatura mundial a 1,5 Cº y mantener el aumento de la temperatura mundial muy por debajo de 2ºC sobre los niveles preindustriales. Las administraciones nacionales, regionales y locales cobrarán especial importancia para lograr objetivos mundiales. Nos gustaría que en España, su gobierno, independientemente del color del mismo, mire por cumplir lo acordado. El ejecutivo actual aprobará en breve una nueva ley, la del Cambio Climático y Transición Energética, que recoge el objetivo de que en 2030 el 70% de electricidad sea renovable y un 35% de energía renovable final. Para ello, no gustaría que el papel de las renovables, en especial, del sector eólico, sea protagonista tal y como se prevé. Para ello, es necesario un marco regulatorio estable. Os trasladamos los deseos de nuestra patronal, la Asociación Empresarial Eólica (www.aeeolica.org). Al igual que a ellos, consideramos que es preciso:
- Un marco regulatorio estable con consenso político y que perdure independientemente del color del gobierno.
- Visibilidad a largo plazo para generar confianza, atraer a los inversores y tomar decisiones industriales perdurables.
- Formulación de un sistema adecuado que garantice una rentabilidad razonable que perdure durante la vida útil de las instalaciones.
- Un sistema de subastas sencillo, bien diseñado, similar al de otros países de nuestro entorno, y con un calendario establecido.
- Reglas que impulsen los parques eólicos más antiguos y con mejor emplazamiento, así como una normativa que permita extender la vida útil de los parques en condiciones óptimas.
Esperamos que hagáis todo lo posible para traernos estos regalos.
Atentamente:
Equipo humano de Altertec Renovables
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Esta semana los medios de comunicación adelantaron las claves del proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica que ultima el Gobierno central. El Ejecutivo nacional prepara una batería de medidas que miran hacia las renovables como llave para cumplir con el compromiso adquirido en el Acuerdo de París. Como horizonte temporal dos fechas clave: 2030 y 2050. Entre las actuaciones que contemplará la nueva normativa, figura la creación de un sistema renovable cien por cien eléctrico en 2050. También en esa fecha, el Ministerio de Transición Ecológica quiere prohibir la circulación de vehículos de gasolina, diésel o híbridos, y diez años antes su venta.
Más allá de 2040, además, quiere prohibir el fracking y se terminará también con las ayudas económicas a energías fósiles. Muchas antes, en 2023, la regulación obligará a los municipios de más de 50.000 habitantes contar con bajas emisiones. En las ciudades, además, se fomentará la renovación de edificios para lograr un nivel alto residencias eficientes y descarbonizados en 2050. Con estas medidas, el Gobierno prevé que las emisiones deberán reducirse un 90% respecto a los niveles de 1990, recoge ‘La Razón’.
Una de las actuaciones que ha levantado más ampollas en los sectores afectados es el de las gasolineras. El Ejecutivo quiere un reconversión total y obligará al sector a poner puntos de recarga eléctrica a las estaciones de servicio en función de sus ventas de carburante. El proyecto establece que las gasolineras que distribuyan más de cinco millones de litros al año disponen de un plazo de 27 meses para adaptarse al acuerdo y ofrecer un servicio de recarga rápida para vehículos eléctricos. En una primer momento se verían las gasolineras que vendan más de diez millones de litros al año. Tendrían nueve meses desde la aprobación de la normativa. Desde la puesta en marcha, este tipo de negocios tendrían un plazo máximo de 12 meses para activarlo, lo que obliga a los propietarios de las instalaciones a buscar fuentes de energía renovables propias o nuevos contratos con las eléctricas. En total, se verían afectadas en una primera fase 200 estaciones de servicio. En caso de no cumplir con la regulación, la ley recoge sanciones de hasta 30 millones de euros, apunta el diario ‘Público’.
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