Esta semana los medios de comunicación adelantaron las claves del proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica que ultima el Gobierno central. El Ejecutivo nacional prepara una batería de medidas que miran hacia las renovables como llave para cumplir con el compromiso adquirido en el Acuerdo de París. Como horizonte temporal dos fechas clave: 2030 y 2050. Entre las actuaciones que contemplará la nueva normativa, figura la creación de un sistema renovable cien por cien eléctrico en 2050. También en esa fecha, el Ministerio de Transición Ecológica quiere prohibir la circulación de vehículos de gasolina, diésel o híbridos, y diez años antes su venta.
Más allá de 2040, además, quiere prohibir el fracking y se terminará también con las ayudas económicas a energías fósiles. Muchas antes, en 2023, la regulación obligará a los municipios de más de 50.000 habitantes contar con bajas emisiones. En las ciudades, además, se fomentará la renovación de edificios para lograr un nivel alto residencias eficientes y descarbonizados en 2050. Con estas medidas, el Gobierno prevé que las emisiones deberán reducirse un 90% respecto a los niveles de 1990, recoge ‘La Razón’.
Una de las actuaciones que ha levantado más ampollas en los sectores afectados es el de las gasolineras. El Ejecutivo quiere un reconversión total y obligará al sector a poner puntos de recarga eléctrica a las estaciones de servicio en función de sus ventas de carburante. El proyecto establece que las gasolineras que distribuyan más de cinco millones de litros al año disponen de un plazo de 27 meses para adaptarse al acuerdo y ofrecer un servicio de recarga rápida para vehículos eléctricos. En una primer momento se verían las gasolineras que vendan más de diez millones de litros al año. Tendrían nueve meses desde la aprobación de la normativa. Desde la puesta en marcha, este tipo de negocios tendrían un plazo máximo de 12 meses para activarlo, lo que obliga a los propietarios de las instalaciones a buscar fuentes de energía renovables propias o nuevos contratos con las eléctricas. En total, se verían afectadas en una primera fase 200 estaciones de servicio. En caso de no cumplir con la regulación, la ley recoge sanciones de hasta 30 millones de euros, apunta el diario ‘Público’.
