El sector eólico se ha convertido en los últimos años en un sector clave para afrontar la transición energética que todos los países deben aplicar. Las renovables, ahora incluso más, son imprescindibles si queremos un mundo para el futuro. La crisis provocada por el COVID-19 ha dejado entrever la amenaza que supone descuidarnos y no hacer los deberes. El planeta también quiere que le cuidemos y a pesar de la crisis económica mundial tan aguda que pronostican los expertos, los políticos deben mirar hacia delante si quieren afrontar el cambio climático y no frenar los proyectos e inversiones en renovables.
Es crucial continuar con la misma senda de crecimiento prevista. Esta misma semana, el CEO de WindEurope, Giles Dickon, la patronal europea eólica, destacó que los gobiernos deben ser flexibles sobre cómo aplican sus reglas. “Si las subastas en curso tienen una baja suscripción porque los desarrolladores no pueden ofertar a tiempo, los gobiernos deberían otorgar lo que puedan y subastar los volúmenes no adjudicados en una etapa posterior”, comenta Dickson. Por su parte, la Asociación Empresarial Eólica (AEE), defiende, de igual forma, la necesidad de que los gobiernos continúen con sus planes.
También desde Europa, han alertado de que la crisis del Covid-19 no debe impedir el desarrollo de las políticas sostenibles. El Centro de Regulación en Europa (Centre on Regulation in Europe, CERRE) en su estudio ‘The Covid-19 crisis: a crash test for EU Energy and Climate Policies’ defiende que la crisis provocada por el COVID-10 «debería ayudar a la UE a anticipar y gestionar mejor el cambio climático, el último reto de este siglo». Afirma, además, que sería «inaceptable utilizar el pretexto de la crisis de COVID-19 para debilitar los pilares existentes de las políticas energéticas y climáticas de la UE».
La industria eólica, como el resto de las industrias del país, gestionará el efecto del COVID-19, comentan. “Es responsabilidad de todos que el impacto sea el menor posible. La mayoría de los proyectos que están en marcha en nuestro país no están sujetos a plazos administrativos cerrados de finalización, como era el caso de las últimas subastas, aunque sí que puede haber trámites administrativos, como el acceso y conexión a la Red o las autorizaciones de explotación, que al quedar suspendidos, habrá que retomar una vez se abandone el estado de alarma”, subrayan.
